1. EL CONTEXTO
El conflicto
Las(os) zapatistas se asientan fundamentalmente en las regiones Altos, Selva y Norte de Chiapas. Son indígenas, tsotsiles, tzeltales, choles y tojolabales, mujeres y hombres de comunidades indígenas que han expresado el derecho y la necesidad de la libre determinación frente al neoliberalismo y que desde 1994 sostienen un conflicto abierto con el Estado mexicano.
La solución al conflicto con el Estado se enquistó cuando el Congreso de la Unión desconoció en 2001 los Acuerdos de San Andrés en materia de Derechos y Cultura Indígena, firmados entre el Gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1996. La Reforma Constitucional, realizada sin consulta, no contempla a los pueblos originarios como sujetos de pleno derecho, negando el ejercicio de sus derechos políticos, y excluyendo de esta forma, a la población zapatista y a su realidad, las autonomías, de las formas de convivencia amparadas por la constitución mexicana.
Inmersos en el conflicto con el Estado mexicano, y amparados en el 169 de la OIT y en un sinfín de Tratados y Convenios Internacionales, los pueblos zapatistas dan vida a diversos procesos encaminados al cumplimiento del derecho a la vida, a la autonomía y la libre determinación de los pueblos indios en México y se han constituido en alternativa al neoliberalismo. Desde ahí tejen confluencias con otras vidas, culturas y procesos nacionales e internacionales que desde una base anticapitalista, caminan soluciones vivibles y viables para las inmensas mayorías de la familia humana en el planeta tierra.
Las autonomías zapatistas: Los Caracoles.
En el año 2003 las comunidades zapatistas dieron a conocer su forma de organización territorial y gobierno. El territorio zapatista se estructura en 5 Caracoles compuestos por comunidades, municipios y regiones autónomas desde donde despliegan sus estrategias de salud, educación, producción, comunicación y gobierno.
Las comunidades que conforman el EZLN sostienen desde hace 20 años, los diferentes trabajos de organización de las autonomías, como gobiernos, como educadoras(es), como sanitarias(os), como comunicadoras(es), como cooperativistas. Mantienen con su trabajo campesino y su participación los costos de su organización. La representación y el gobierno toma forma en las Juntas de Buen Gobierno, mujeres y hombres elegidas(os) democráticamente que ejercen su cargo de forma rotativa por un periodo de tiempo determinado.
Las(os) zapatistas no reciben remuneración económica por el trabajo comunitario, ni en los niveles organizativos y de gobierno, ni en la atención directa a la población. Han puesto sobre la mesa su otra forma de entender la vida, de organizarse y construir derechos como comunidades indígenas campesinas frente a la hegemonía neoliberal: la otra política, la otra salud, la otra producción, la otra comunicación, etc. En sucesivas ocasiones y con diferentes modos han abierto puertas de intercambio y articulación con la sociedad civil nacional e internacional en su condición de resistencia.
La guerra de “baja” intensidad
A pesar de los esfuerzos del gobierno mexicano por desdibujar y silenciar el conflicto en Chiapas, las comunidades zapatistas resisten los efectos de la guerra de contrainsurgencia planteada hace 20 años. Después de resistir la ofensiva del ejército mexicano en los 90, los tanques y los helicópteros, los despliegues militares y las acciones paramilitares, las comunidades soportan desde hace más de una década la guerra prologada y soterrada, la guerra de “baja” intensidad.
Las comunidades organizadas conviven en el mismo territorio con las estructuras gubernamentales que dirigen a la población una alta gama de programas asistenciales, sujetos al clientelismo partidista y el cacicazgo local. Desde el inicio del conflicto la población zapatista rechaza estos subsidios. En este entorno, caciques locales, organizaciones campesinas progubernamentales, partidos políticos e instituciones encienden la división en las comunidades y alimentan la voracidad humana sobre las tierras autónomas.
Las mujeres, hombres, niñas y ancianos del EZLN enfrentan la violencia que genera la resistencia a los planes de desarrollo del gobierno y las transnacionales en este territorio indígena, estratégicamente situado en el corredor biológico mesoamericano. Repetidamente somos espectadoras(es) de los recurrentes picos de violencia, hostigamientos permanentes y asesinatos de representantes indígenas por parte de grupos campesinos armados, en un clima de impunidad y confusión informativa. Es el caso del asesinato del compañero Galeano ocurrido en mayo de 2014 en el Caracol de La Realidad.
El caso de Ayotzinapa, hizo emerger ante la opinión pública internacional la evidencia de la falta de garantías en México. Ahora si podemos orquestar que México es un país “emergente”. Emergente de cuerpos sin nombre, de fosas, de desaparecidas y desaparecidos, de colusiones entre las jefaturas de estado, los poderes públicos, las fuerzas de seguridad y grupos de sicarios de la delincuencia organizada. Emerge una represión social añeja. Emerge la criminalización de las defensoras y defensores de los derechos humanos, la criminalización de la contestación social ante las reformas estructurales privatizadoras de bienes estratégicos comunes. Emerge la represión de procesos y alternativas a los planes neoliberales en México. También emerge el hartazgo de la sociedad civil. Y con él, la capacidad de transformar, de dar un giro a los acontecimientos.
La sociedad civil nacional e internacional.
Fue la sociedad civil nacional e internacional, la que impidió la guerra abierta contra las comunidades indígenas zapatistas. Fueron las comunidades que conforman el Ejército Zapatista de Liberalización Nacional quienes apostaron por la paz de la mano de una sociedad civil abierta a dar pasos hacia la construcción participativa de los cambios necesarios que dieran fin a los siglos de discriminación, opresión y pobreza de las comunidades indígenas en Chiapas y en el país, que dieran la vuelta a un proyecto modernizador inviable e inhumano productor de ingentes y urgentes pobrezas y aniquilador de la biodiversidad natural y humana en el planeta.
En este sentido, la sociedad vasca tiene una historia pionera y significativa de 20 años. Movimientos, ongs e instituciones se han articulado en defensa de los derechos humanos del pueblo de México y de las comunidades zapatistas en Chiapas. La sociedad vasca participamos del conflicto en Chiapas con brigadas de observación, trabajos voluntarios, proyectos de cooperación, pasantías e investigaciones universitarias, campañas de sensibilización, etc. La Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas / Txiapasekiko Elkartasun Plataforma, Komite Internazionalistak, Askapena, Bizilur, Mundubat, Paz y Solidaridad, la Univers idad del País Vasco UPV/EHU, y Ayuntamientos, Diputaciones y Gobierno Vasco, entre muchos otros, forman parte de esta historia.
Las personas que conformamos Lumaltik también hemos venido caminado con los procesos educativos, de salud, de producción, de comunicación y hemos podido observar el proceso de autogobierno en los territorios zapatistas. Es la solidaridad la que nos llama, la que nos lleva a querer fortalecer los puentes de solidaridad que unen al País Vasco y a los territorios autónomos, en estos tiempos volátiles de crisis de la cooperación y constricción de agendas que atravesamos. Es por esto que ponemos en el centro de nuestro trabajo la sensibilización, la articulación y el apoyo a la resistencia y construcción alternativa que sostienen las comunidades zapatistas en México.
